El término “difamación”, al contrario que en otros países, no aparece en la ley española como tal, sino bajo la denominación de injuria o calumnia, aunque viene a tener un significado muy similar al perseguir la protección del mismo bien jurídico: el honor.

Así, nuestra legislación recoge la difamación en el Título XI del Libro II del Código Penal, bajo la rúbrica de “Delitos contra el honor”. El Capítulo I está dedicado a la calumnia, el segundo a la injuria y un tercero recoge las disposiciones comunes, es decir, de aplicación a ambos tipos penales. En total, doce artículos que van desde el 205 hasta el 216 de nuestra Ley Penal.

Para que exista calumnia tiene que haber acusación de un delito a sabiendas de que es falso, como, por ejemplo, decir que alguien es un asesino sabiendo que no es verdad. En el caso de la injuria basta el insulto o la imputación de hechos no delictivos (pero igualmente difamatorios), aunque aquí la ley exige que sea grave, además del conocimiento de la falsedad de las acusaciones.

En estos delitos contra el honor hay un elemento clave que hace que el menoscabo de la fama, estimación o dignidad sea aún mayor, cual es la publicidad, bien sea en medios escritos, como puede ser un periódico o revista, o hablados, esto es, en radio, televisión, o de viva voz ante una pluralidad de personas. Por tanto, dependerá de si está presente para que el reproche hacia estas conductas sea mayor, es decir, para que se castiguen como tipos cualificados si integran dicho elemento. Así es que, mediando la publicidad, la pena para el delito de calumnia será la comprendida entre los seis meses y los dos años de prisión o entre doce y veinticuatro meses de multa, mientras que la conducta no hecha pública se castigará con la pena de multa de seis a doce meses. En el caso de la injuria vertida con publicidad, la ley prevé la pena de seis a catorce meses de multa, y si se hace sin publicidad, se quedará en multa de entre tres y siete meses. Procederá además la inhabilitación especial para empleo o cargo público o para profesión, oficio, industria o comercio si la injuria o calumnia se ha cometido mediando precio, recompensa o promesa.

Por otro lado, al ser delitos de los llamados “privados”, la calumnia y la injuria sólo son perseguibles mediante interposición de querella por el perjudicado o representante legal, con la sola excepción de aquellas conductas dirigidas contra funcionario o autoridad en servicio. Esto significa que, a diferencia de otros delitos perseguibles de oficio en los que el Fiscal lleva la acusación habiendo o no, además, acusación privada o particular (como pueden ser los robos, homicidios, lesiones…), en los delitos de injuria o calumnia el ofendido necesariamente ha de constituirse como parte acusadora en el procedimiento. De ahí que sea requisito indispensable la presentación de querella directamente ante el Juzgado, con la intervención de Abogado y Procurador.

Precisamente por tratarse de delitos privados,la ley permite que el autor de dichas conductas quede exento de toda responsabilidad al ser perdonado por el ofendido. Ahora bien, tal perdón debe otorgarse antes de que el procedimiento finalice por sentencia, y en caso de que sea dado por el representante legal del menor o incapaz ofendido, los jueces o tribunales pueden denegar su eficacia, continuando así con el procedimiento; esto es así por la especial protección que nuestra legislación ofrece a los menores o incapaces.

Además, el acusado de calumnia puede quedar exento de responsabilidad si demuestra la veracidad de los delitos imputados. Se trata de la “exceptio veritatis” o prueba de la verdad, figura presente también en el caso de la injuria, aunque limitada en este caso a las imputaciones de hechos dirigidas contra funcionarios.

Si, por el contrario, las imputaciones son falsas pero su autor lo reconoce y se retracta ante el Juez, éste impondrá la pena inferior en grado a la establecida para el delito, y podrá no inhabilitarle en los casos en que hubiera procedido (por comisión mediante precio, promesa o recompensa). De esta manera el legislador estableció una forma de “premiar” el retracto, rebajando el castigo a imponer a su autor, además de incorporar un componente de reparación del daño a dicho arrepentimiento, pues en estos supuestos, a petición del ofendido, se hará obligatoria la difusión del retracto en el medio en que fuere publicada la ofensa.

Finalmente, una vez concluido el procedimiento mediante sentencia condenatoria, su publicación o divulgación a costa del condenado será considerada también como una vía de reparación del daño, y si la injuria o calumnia fueron vertidas con publicidad, el propietario del medio será considerado responsable civil solidario.

En caso de encontrarse en una situación similar a la descrita, debe asesorarse legalmente por un especialista que defienda adecuadamente sus intereses.

Moisés Sánchez Fornell

Abogado

www.dolorier-abogados.com

info@dolorier-abogados.com